El Gobierno ha comunicado que España dispone de margen suficiente para subir los impuestos de transporte, y así lo ha recogido en el informe de evaluación de la fiscalidad de la automoción remitido a Bruselas como parte del Plan de Recuperación.
En relación al veredicto emitido en marzo por el comité de expertos para la reforma del sistema tributario, se considera que la fiscalidad sobre el transporte es poco intensa. Algunas de las medidas planteadas se basan en aumentar la fiscalidad de los hidrocarburos, imponer tasas municipales a la congestión del tráfico, implantar el pago por uso en autovías, eliminar la bonificaciones a los vehículos históricos, entre otras.
De este modo, el Ejecutivo contribuye a crear la idea de que “se suben los impuestos porque nos obligan, porque es lo más eficiente”, lo que supone un nuevo giro en la lucha del Gobierno contra los vehículos de combustión.
Una de las medidas más relevantes ha sido el aumento del impuesto de circulación (en vigor desde este año) tras la adaptación a la normativa de emisiones WLTP, un recargo que contribuye a elevar el precio de casi la mitad de los vehículos nuevos en alrededor de un 5%.
Por último, cabe destacar la intención del Gobierno de incrementar la fiscalidad sobre el diésel hasta equipararla a la soportada por la gasolina.
