El Gobierno aprueba las nuevas ayudas para el sector de la automoción que van encaminadas al impulso del coche eléctrico. Se trata del famoso Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE-VEC).
Las preguntas vienen a la mente rápido y de manera concisa. ¿De qué montante se trata? Contarán con un presupuesto de 2.975 millones de euros y serán concedidas por la Comisión Europea.
Requisitos a cumplir por los beneficiarios
– Los miembros serán entidades personas jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño.
– La agrupación debe estar constituida, al menos, por un 40% de pymes.
– Las agrupaciones deben estar organizadas en torno al sector industrial de automoción con una combinación, como mínimo de cinco entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo empresarial. Además, no se puede constituir empresas controladas en igualdad de condiciones por dos cualesquiera de las entidades participantes que formen parte de la Agrupación.
– Deberán contar con la colaboración de, al menos, un proveedor de tecnología y/o conocimiento y que como tal, tenga la capacidad técnica y organizativa suficiente para la realización de las actividades de I+D+i que incorpore el proyecto tractor. Esta entidad proveedora de conocimiento puede ser una de las empresas.
Los proyectos que se subvencionan
– Línea de ayudas a la formación.
– Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio ambiente, al ahorro energético o a la eficiencia energética.
– Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, y proyectos de innovación en materia de organización y procesos.
– Línea de ayudas regionales a la inversión en zonas asistidas. Proyectos para la creación de nuevos establecimientos, modificación de líneas de producción o inversiones iniciales en favor de una nueva actividad económica según los parámetros y restricciones establecidos en la normativa comunitaria.
